Hace cuatro años se iniciaba en la Argentina la cuarentena por el coronavirus

El 20 de marzo de 2020 se dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio. Por qué el entonces presidente Alberto Fernández decretó esta “medida excepcional” que afectaba, entre otras cosas, el derecho a la circulación.

Los personas que alcanzaron una alta exposición mediática en esta etapa y la paranoia reinante frente a un virus desconocido llegado de Wuhan y sin vacuna.

“Hemos tomado una decisión en el gobierno nacional de dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de la cero hora de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir, que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas”, dijo en cadena nacional el entonces presidente Alberto Fernández la noche del 19 de marzo de 2020, medida que había sido apoyada por todos los gobernadores de la Argentina, que en su mayoría, habían estado presentes en la Quinta de Olivos ese día para escuchar los motivos de la decisión tomada por el Ejecutivo nacional.

A principios de marzo llegaban vuelos del exterior con viajeros que habían estado en zonas donde el virus ya había golpeado. Los viajeros eran enviados a hoteles a cumplir el aislamiento preventivo de 14 días. Las fábricas de alcohol en gel no daban abasto. Y se corroboraba que el virus no esperaría hasta el invierno para propagarse, según el pronóstico inicial del entonces ministro Ginés González García. El 23 de enero había asegurado que no existía ninguna posibilidad de que el coronavirus llegara a la Argentina. Diez días después dijo estar más preocupado por el dengue. El 6 de febrero reforzó su postura. Y el 3 de marzo se produjo el primer caso importado en la Argentina. “Yo no creía que el coronavirus iba a llegar tan rápido, nos sorprendió”, reconoció.

El decreto del 19 de marzo que entraba en vigencia el 20 a las 0 horas, había sido anunciado como “una medida excepcional”, luego de la suspensión de clases en jardines, primarias y secundarias el 15 de marzo anterior. “La idea es poder hacer algo para evitar la circulación”. Alberto Fernández afirmó en esa oportunidad que el virus “no se ha dado como un factor de riesgo para los menores ni hay casos trascendentales, pero muchas veces son portadores y terminan contagiando a los adultos”. Esa noche el jefe de Estado detallaba cuáles serían las libertades. “Van a poder hacer compras en negocios de cercanía, a una ferretería, a las farmacias, que permanecerán abiertas, pero entiéndase bien que a partir de las 0 horas la prefectura, la gendarmería, la policía federal y las policías provinciales estarán controlando quién circula por las calles. Y entiéndase que aquel que no pueda explicar qué está haciendo en la calle se verá sometido a las sanciones que el Código Penal prevé para quienes violan las normas que la autoridad sanitaria dispone para frenar una epidemia o en este caso una pandemia.

Acompañado por gobernadores -Axel Kicillof, Gerardo Morales y Omar Perotti-, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a ambos costados, continuó dando a conocer los motivos de esta medida: “Hemos previsto un plan por el cual manteniendo distancia entre nosotros, teniendo los cuidados de los que estamos hablando, guardándonos en nuestras casas vamos a evitar que el virus se propague y si se propaga, porque se va a propagar, se propague más lentamente, de modo tal que los contagios, crezcan de tal modo que el sistema sanitario argentino pueda hacer frente a ellos. Hemos calculado absolutamente todo. Necesitamos que cada uno haga su parte”. De este modo una gran mayoría quedaba confinada entre las cuatro paredes de sus casas, incluidos los trabajadores que pasaron a ser “no esenciales”, que empezarían una vida laboral por videollamada, mientras que un grupo de la población quedaba excluida de estas medidas, “la excepción a la norma”, los que trabajaban en el gobierno nacional, provinciales, municipales, en los niveles de conducción política, en la sanidad, fuerzas armadas, y otra serie de actividades como rubros de producción de alimentos, de fármacos, petróleo, refinerías de naftas. Es decir, “trabajadores esenciales”, debían salir a trabajar respetando protocolos de seguridad sanitaria frente a un virus todavía desconocido, que en Europa había hecho estragos, matando a decenas de miles de personas, especialmente adultos mayores. El miedo era palpable. A contraer el virus y morir, y algo tan temible como eso, contagiar a un ser querido y que muriera.